Transiciones, elecciones e Inteligencia en el Perú

 Por: Andrés Gómez de la Torre Rotta *

 Tras el derrumbe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el año 2000, el sector inteligencia ha sufrido sobresaltos extremos en las respectivas tres transiciones políticas de los años recientes: 2000, 2001 y el 2006. Sólo la transición de 1980, hace 30 años, del gobierno militar al del Presidente Belaúnde, puede compararse a lo sucedido en últimos tiempos.  

 La altísima rotación de personal en todos sus niveles (jefes, funcionarios intermedios, analistas, administrativos, etc.) ha sido la principal vulnerabilidad que aquejó en la última década al sistema de inteligencia. Con cada cese o salida, justa o injusta, mal o bien hecha, merecida o no, se fue un retazo de información, un pedazo de conocimiento del oficio, un desafecto, un potencial eslabón de alguna cadena de informantes, que no pocas veces articula consabidas fugas de información o maniobras desestabilizadoras, debilitando al Sistema Nacional de Inteligencia (SINA). Además, la reiterada limitación y techo presupuestario asignado, en donde se observa tan singular como sigiloso consenso y acuerdo entre los gobiernos de Perú Posible y el APRA sobre la materia, ha terminado de dinamitar al sistema.

 Llamamos la atención a otro tema no menos alarmante: el de la nociva “nueva” Ley de Inteligencia 27479 del 2001, promulgada por el Congreso, norma que dio partida al malhadado CNI y la DINIE. En muchísimos aspectos, esa ley fue una copia, calco textual y descarado, de sus antecesoras: el Decreto Ley 25635 de 1992 y el Decreto Legislativo 746 de 1991. Por si poco fuera, la nefasta norma careció de Reglamento. Es paradójico haber tenido una primera Ley de Inteligencia de ese tenor, en tiempos en que lo políticamente correcto pareciera ser defenestrar todo lo que oliera a SIN.

 Paralelamente, en la década que pasó, pareció configurarse, a modo de fantasmal resurgimiento, un asombroso paralelismo histórico: la desconfianza extrema para con estos entes por parte del consumidor final del producto de inteligencia. Repasando la historia, el finado Presidente Fernando Belaúnde estigmatizó al SIN como “nido de Velasquistas” en la transición política de 1980, y confió a un jefe bisagra, al general EP Mario Villavicencio Alcázar del Arma de Caballería, la tarea de reformarlo. Tuvieron que pasar cuatro años para recuperar en algo un SIN que languideció (y que está muy bien retratado por Gustavo Gorriti en su libro “Sendero”, capítulo Coloquio de Ciegos. La guerra de la inteligencia). La recuperación se hizo mediante los Decretos Legislativos 270 y 271; y, adicionalmente, colocando a jefes de la entera confianza del Presidente provenientes de la Marina de Guerra (almirantes Edgardo Colunge Guevara y Javier Ernesto Rocha Mujica) para enfrentar la amenaza del terrorismo. Fue una etapa de la Inteligencia Nacional ciertamente interesante, en la que se conformó un Comité de Asesores (COA-SIN) y se creó la Escuela de Inteligencia Nacional - ESIN (1984). Años después, ni el Presidente Alejandro Toledo, ni su sucesor Alan García serían entusiastas en nutrirse o apostar por la inteligencia: prefirieron acudir a otros mecanismos paralelos, que en algunos casos, guste o no, funcionaron en la toma de decisiones.

 “Outsorcing”, “externalización”, “privatización”, o “tercerización” de la inteligencia nacional ha sido sin duda el fenómeno más notorio por la década que pasó. Dos grandes crisis del Sistema de Inteligencia Nacional, la del 2007 (Sistema Marte – DINTEMAR) y la del 2009 (caso BTR), se produjeron en virtud de ese fenómeno, el cual sigue allí está, y con el que tendremos que aprender a convivir mientras no se ajusten los parámetros de una todavía permeable y ambigua  Ley de Seguridad Privada. 

 Luz al final del túnel

 Pese a todo lo actuado, el nuevo gobierno recibirá en agosto del 2011 un órgano rector, la DINI, en mejores condiciones que en relación a lo recibido en anteriores transiciones. Con todos sus defectos y bemoles harto conocidos, los procedimientos de reclutamiento, capacitación e instrucción han mejorado en últimos años y se han reanudado cosas olvidadas, o dejadas negligente y deliberadamente de lado desde principios y hasta mediados de la década pasada.

 Hay nuevas e interesantes generaciones de capital humano en el sector, que deben contribuir a refrescar y oxigenar el recargado ambiente de reyertas intra grupos corporativos, guerras personales entre círculos de amigos y cofradías de ex trabajadores en pugna, o tensión generacional entre “cuadros” antiguos y nuevos.  Anotamos que tras fenecer el SIN  también fue extinguida una antigua burocracia de inteligencia incorporada los años setenta (algunos pocos), ochenta (un grueso importante, especialmente civiles) y noventa, que para entonces,  hace diez años, en su gran mayoría bordeaba un promedio de edad que oscilaba (salvo muy escasos  funcionarios treintones) entre los 40 y 50 años, y a la que le ha sido imposible reinventarse laboralmente con posterioridad, como por ejemplo,  en el pujante y nuevo sector privado de la seguridad, o retornar formalmente al Estado en la década que pasó. En porcentajes ínfimos, este personal se recicló descendiendo, pasando a laborar del órgano central y rector -en el SIN de los noventa- a organismos de rango inferior periféricos del SINA casi al final del período 2000-2010.

 En el Parlamento se siguen cociendo habas

 En el Parlamento el tema no caminó bien. La estrenada Comisión Ordinaria de Inteligencia creada por la Ley 28664 del 2006 cometió errores tan garrafales como elementales de apreciación. Intentó, desde su comienzo, a través de su Primera Presidencia, convertirse en consumidora del producto de inteligencia solicitando Notas de Inteligencia y Estudios Especiales, entre otros, al órgano especializado rector. Quizás intentó ser apéndice del SINA, olvidando funciones específicas establecidas en la norma 28664 y en el Reglamento del Congreso. Dentro de su repertorio de errores, la referida Comisión contrató a personal “experto en inteligencia”, que provenía de una rama de las Fuerzas Armadas, para la asesoría parlamentaria. Ello acabó en dos casos notorios de ceses abruptos de ese personal, sea por sus antiguas vinculaciones laborales con empresas privadas de seguridad, investigadas por la misma Comisión, o bien por acusaciones de parcialidad corporativa manifiesta en la redacción de un Informe Final del Grupo de Trabajo con facultades de Comisión Investigadora.

 Así también, fue lamentable la pésima, incongruente e incoherente redacción del Proyecto de Ley Nº 2563/2007-CR que proponía mejorar la estructura del SINA y de la DINI. Tal iniciativa legislativa reveló los altísimos niveles de ignorancia supina e incompetencia de antología en la ya mencionada “asesoría” parlamentaria supuestamente experta en inteligencia. La Fórmula Legal del aludido proyecto no tenía nada que ver con la Exposición de Motivos; y viceversa, la Exposición de Motivos señalaba conceptos inexistentes en la Fórmula Legal. Otro tema fue la tan inexplicable como extrema ligereza en la interpretación del artículo 34º del Reglamento del Congreso y el artículo 22º numeral 1º de la Ley 28664. Una simple ‘leguleyada’ sin fundamento alguno habilitó las expresamente prohibidas renuncias, retiros y cambios de los miembros de la Comisión de Inteligencia (trueques entre representantes de bancadas). Felizmente, en dirección contraria apunta el interesante y bienvenido Proyecto de Ley 4273/2010-CR, el cual prevé aquellas “situaciones excepcionales por las cuales puede remplazarse a alguno de sus integrantes, posibilidad que debe constar en el reglamento…”.

 Actualmente, en cartera existen varios proyectos de ley pendientes: el 1757/2007-CR, 2563/2007-CR, y el 4273/2010-CR. Este último, aludido en el párrafo anterior, fue presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Nacional, así como dos Dictámenes, ambos recaídos sobre el proyecto 2563/2007-CR: Uno en Comisión de Inteligencia (aprobado en sesión ordinaria 14º del 1º de abril de 2009, que copia literalmente todo el ampuloso texto de la iniciativa, lo que debió haber sido aprobado sencillamente “en sus términos”, ahorrándose una inconveniente y prolongada glosa. Al menos en éste Dictamen se corrigió el execrable y deplorable despropósito del Proyecto de colocar la Fórmula Legal como título precedente de la  Exposición de Motivos), y otro en Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas (del 8 de junio de 2010, muy bien elaborado en términos de técnica legislativa, desbrozando y complementando acertadamente la iniciativa). En estos momentos, existen dos Oficios de la Comisión de Defensa a la Presidencia del Congreso, solicitando que el Dictamen sea colocado en  la agenda del pleno.

 Aunque no nos entusiasma, queda en el tintero la posibilidad de adaptar parte del modelo argentino en la legislación de Inteligencia peruana; esto es, insertar al sistema penitenciario, específicamente a la Oficina de Asuntos Internos del  Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como organismo integrante del COIN-SINA. Un Proyecto de Ley  del año 2004 (3.926-S-04), para la modificación de la Ley de Inteligencia 25.520 del 2001, propuso en Argentina la incorporación del Departamento de Inteligencia Penitenciaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De manera similar, ya hubo en el Perú un planteamiento al respecto.  

Por su parte, la DINI tuvo ciertas oportunidades a la mano que lamentablemente no empleó ni capitalizó, o sencillamente desperdició en su último quinquenio. Un ejemplo clarísimo de ello fue el acceso a la información generada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú), hoy subsumida en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), mecanismo previsto en la  ley de inteligencia vigente. Allí debieron actuar, en conjunto, las Comisiones de Inteligencia y de Economía e Inteligencia Financiera, mediante sendos pedidos de información por escrito y citaciones a sesiones extraordinarias reservadas a los jefes de la DINI y UIF, y así asegurar y monitorear la ejecución de dicho mecanismo.

Otro tema clave y fundamental es la protección legal del personal de Inteligencia. Existe un vacío que perjudica especialmente a nuestros agentes operativos y colectores de información que actúan sobre el terreno,  en zonas plagadas de amenazas, azotadas por el terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, a modo de conjunción de riesgos. Trabajan desprotegidos y prácticamente en desamparo e indefensión jurídica. Ninguno de los Proyectos de Ley existentes para mejorar nuestra norma vigente de Inteligencia incursionó o planteó la adecuación a nuestro derecho interno experiencias legales comparadas como la ley Panameña del SENIS del 2008 (Decreto Ley Nº 9), o la ley de Colombia 1,288 de marzo del 2009.  En ambas normas foráneas hay sendos artículos, claros y expresos, que apuntan a la protección de ese segmento, de sus identidades y familias, y la descripción de sus derechos. Basta con elaborar una simple y escueta proposición legislativa, de modificación por adición, de tan sólo un par de artículos a la ley vigente, y el asunto queda en parte zanjado.

Conclusiones

Culminamos señalando que para los tiempos actuales y circunstancias electorales, debería pensarse muy seriamente en el diseño de una transición concertada y consensuada a modo de soft landing de Inteligencia, es decir, del menor impacto posible sobre lo positivo avanzado de institucionalidad construida, por pequeña que sea. No cometamos el craso error de circunscribir y descender equivocadamente el debate hacia temas de conveniencia y aspiración particular (anacrónicas reincorporaciones de supuesto personal “calificado, ducho o experimentado” del pasado). Tampoco pensemos en onanistas giros radicales o abruptas reconversiones del SINA, como aquella de crear dos agencias de inteligencia independientes: una interna y otra externa, impracticable para nuestra actual realidad presupuestaria, administrativa, y operativa. Hoy no sólo una entidad de inteligencia provee de  insumos al tomador de decisiones. “Un Núcleo Básico de Inteligencia”, es una teorización a la que habría que darle algunas vueltas, en la medida de  la importancia que le piense otorgar al SINA y la DINI el próximo gobierno.

 Finalmente, dejamos constancia de nuestro permanente homenaje y recuerdo para con los generales del ejército peruano Alfredo Rodríguez Martínez, inspirador del proceso; Juan Bossio Collas, segundo jefe del SIN, y Julio Doig Sánchez, primer jefe del SIN en el año 1960, generadores del sistema y Servicio de Inteligencia en el Perú en la década de los cincuenta. De Bossio, especialmente, fue quien tuvo esa peculiar y gran virtud del apostolado: formó e incentivó a varios personajes que lo sucederían luego. Hay otros nombres sectoriales, paralelos y posteriores como Guillermo De las Casas Frayssinet, primer jefe de la DRIN en 1948; José Arce Larco, Guillermo Faura Gaig y Alejandro Valdivia Pedemonte, en la Marina de Guerra; Jorge Penny Donayre, primer jefe de la DIGIS-DIFAP en 1958; Jesús Gabilondo Uribarri y Luis Barandiarán Pagador en la Fuerza Aérea; así como Hércules Marthans Garro de la ex PIP. 

 A todos ellos nuestro permanente recuerdo, en el contexto de ésta compleja, difícil e inconclusa empresa.  

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* Sobre el autor: Abogado. Maestría en Política y Economía Internacional por la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Egresado del CHDS - Washington. Cursos de especialización de posgrado en España (2001 y 2002) y becario en dos Programas descentralizados (Paraguay 2003 y Uruguay 2006)  de la Escuela Naval de Posgrado NPS - Monterey California. Fue analista de la Dirección del Frente Externo del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), y primer jefe de origen civil de esa dependencia en el año 2001.  Ex asesor en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República (2002-2006). Ex asesor del Grupo de Trabajo, con Facultades de Comisión Investigadora, sobre interceptaciones telefónicas ilegales (2003-204) y en el despacho congresal (2006-2007). Primer Director de condición civil de la Escuela de Inteligencia Nacional (ENI) entre los años 2007 y 2009, dictando actualmente cursos en esa dependencia sobre legislación, historia y política comparativa de inteligencia. También es profesor en la Escuela de Inteligencia de la FAP (EIFAP), y miembro del Foro Civil Militar del IDL y de la Task Force sobre Seguridad Regional en América Latina y el Caribe de la Fundación Friedrich Ebert. Investigador de IDEPE. Ha publicado ensayos para las tres ediciones 2003, 2004 y 2009 de los libros colectivos que cubren la temática de inteligencia hemisférica del Joint Military Intelligence College – NDU, Washington. También ha publicado para dos números de la revista española Inteligencia y Seguridad, siendo el primer ensayista latinoamericano de la publicación,  y para “ATENEA” Defensa & Seguridad de Madrid,  así como para el boletín electrónico Panorama Mundial y  para la revista periódica Agenda Internacional, ambas del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI-PUCP), y para la revista de defensa DEF de Argentina. Desde mediados del año 2009 y el año 2010 se desempeñó como analista de la División de América Latina – Zona Andina, de la empresa privada de los Estados Unidos “AGUIEUS-HTS”, especializada en entrenamiento en táctica global y asesoría en defensa, organizando seminarios especializados en Lima. Participó en el equipo convocado para la mesa “Institucionalidad y Seguridad”  de la CADE 2010. Conferencista invitado en Quito (2009 y en dos ocasiones en el 2010), Brasilia y San Pablo (2010), Bogotá (2010) y Río de Janeiro (2011), a eventos sobre reformas institucionales del sector inteligencia, seguridad y políticas de defensa, patrocinados por entidades académicas. Próximo a publicar el libro Los Servicios Secretos en el Perú y Latinoamérica, editado por los Institutos “SUR”, Escuela Superior de Negociación, e IDEI-PUC; y autor  del ensayo  “Comisiones Reformadoras: nuevo ángulo de la actividad de inteligencia” para el libro colectivo “Inteligencia Estratégica” (en impresión) de FLACSO-Ecuador, sede Quito. Comentarista regular en diversos medios de comunicación social masiva.    

El autor del artículo, en el Departamento Nº 450 (4º piso) del antiguo edificio Marsano, calle Gonzales Prada Nº 355, Miraflores. De apenas dos piezas, éste lugar fue alquilado y equipado, con 5,000 soles de la época de gastos reservados, durante el año 1966 por el Mayor EP (caballería) Gonzalo de la Rocha Brito, perteneciente al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), que estaba bajo el comando del Coronel EP Enrique Gallegos Venero. En este departamento se organizó un puesto de inteligencia donde se preparó el histórico Plan Inca, el golpe de estado del 3 de octubre de 1968, y el proyecto militar. Asiduos concurrentes iniciales a éste lugar fueron, por mucho tiempo, los coroneles Gallegos, Jorge Fernández Maldonado Solari, Leonidas Rodríguez Figueroa, y Rafael Hoyos Rubio. En los días previos al golpe militar ingresaron por esa puerta, vestidos de civil y uno por uno,  otros altos  jerarcas militares peruanos de la época: Montagne Sánchez, Mercado Jarrín, Maldonado Yáñez, Richter Prada, De la Flor Valle y Pérez Tenaud.

El Servicio de Inteligencia Nacional, con sede a un costado de Palacio de Gobierno, bajo la jefatura del general EP Carlos Linares Molfino, amigo personal y hombre de confianza del entonces Presidente Belaúnde, jamás se enteró de estos hechos, hasta un día antes de la perpetración del golpe. Tampoco estaba enterado el entonces Sub jefe del SIN, Coronel EP Eduardo Segura Gutiérrez; sin embargo, se plegó a los golpistas y asumió con posterioridad la jefatura del SIN con el general Juan Velasco Alvarado en el poder, quien enviaría a inicios de los años setenta a los primeros militares peruanos, provenientes del ejército (entre ellos a de la Rocha Brito), a capacitarse en inteligencia con el Ministerio de la Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana, la legendaria y temida Stasi, el servicio secreto de la Alemania comunista; y posteriormente se les envió  a interactuar con los servicios secretos de Cuba (DGI o G-2) al establecer el Perú relaciones diplomáticas con ese país en 1972.