Acá una colaboración de nuestro especialista:

Perú: 10 años SIN inteligencia fujimorista

Por: Andrés Gómez de la Torre Rotta

Pocos meses atrás, en setiembre de 2010, celebramos una vergonzosa y triste efemérides; pues ya se ha cumplido una década de la caída del Servicio de Inteligencia Nacional: el SIN del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000). Para la ocasión, bien vale la pena recordar una cita fundamental, que certeramente describe el accionar de la inteligencia peruana durante ese periodo:

 “El SIN funcionaba en varios niveles, ganando notoriedad a través de diversas actividades bien documentadas: complicidad con los abusos militares de los derechos humanos de los civiles, intervenciones telefónicas, soborno e intimidación a políticos de oposición y otras figuras públicas. Sería difícil exagerar el alcance de la influencia de Montesinos en el gobierno de Fujimori –a pesar de que la historia completa de la relación todavía no ha sido revelada– o el poder que el maestro de los espías ejerció sobre el Presidente...” (1)

 El SIN peruano fue creado en el año 1960, en plena guerra fría y política hemisférica de contención al comunismo, gracias a dos escuetos Decretos Supremos (de enero y setiembre). Siempre fue una dependencia, a modo de coto reservado, del Ejército Peruano. En la década de los sesenta participó en algunas operaciones de contra-insurgencia y otras menos, o más políticas; especialmente en 1967, cuando se desató una intolerante caza de brujas preparada desde el Ministerio de Gobierno y Policía para la requisa y quema de libros y textos de origen marxista y maoísta. En la década de los setenta, en pleno gobierno revolucionario de la Fuerza Armada el SIN languideció entre el progresismo y conservadurismo castrense, mientras que en los años ochenta, con la vuelta a la democracia, el Servicio fue separado de la toma de decisiones porque se le consideró un nido de militares golpistas.

 El cambio fue traumático y radical con Fujimori, quien reconvirtió drásticamente al SIN. Lo hizo en 1992 gracias a un nuevo marco normativo el Decreto Ley 25635 y su Reglamento. El origen de esa norma se encontraba en un primer intento previo y fugaz en 1991 con el Decreto Legislativo 746. Fujimori y Montesinos edificaron una “Stasi andina” en el marco estratégico de un bien planificado estado depredador (2); es decir, más que un servicio de inteligencia mantuvieron una policía política de rasgos distintivos muy similares a la de sus organizaciones homólogas de la Europa oriental de la guerra fría. Un artificioso y tramposo modelo de dirección central o unificado de mando sería el concepto vendido para viabilizar la reconversión total del sistema de inteligencia nacional con miras a un supuesto rumbo “exitoso”. En el fondo, sería simplemente un modelo de altísima concentración de poder, cuyos resultados y modus operandi pueden verse, simple y llanamente, visualizando los denominados vladivideos. La durísima contundencia de los mismos nos releva de formular mayores comentarios. Tal fue el vendaval jurídico de la normatividad generada el año 1992 en materia de inteligencia, que una ley promulgada en democracia por el Congreso durante el año 2001 (Ley ordinaria 27479 del CNI-DINIE) fue un grotesco y descarado calco de la letra y espíritu del Decreto de 1992.

 Diez años después, el fujimorismo aparece nuevamente en la escena política, con mayor chance electoral, pero SIN propuestas claras o al menos conocidas para el sector inteligencia. Mucho, muchísimo, tiene que explicar el fujimorismo al respecto por su clarísimo default en esta materia. ¿A quién propondrá para asumir la jefatura de la DINI?, ¿recurrirá a los mismos “cuadros” de “expertos” del SIN de los años noventa, en un contexto en que “separa” de sus listas parlamentarias a miembros ligados al ex SIN?, ¿de cuál cantera obtendrá “cuadros experimentados”  o “duchos” con miras a integrar la futura burocracia en el SINA?, ¿acaso emitirá propuestas legislativas, a modo de proyectos de ley, para retornar al modelo jurídico de inteligencia de hace 20 años ?, ¿se encuentra de acuerdo con la rendición de cuentas, fiscalización y contrapesos políticos y control judicial existentes en la actualidad para el sector? O tal como dicen algunos “esas cosas no han servido para que el SINA funcione”. Bien haría y le haría a esa colectividad dar al menos algunas pistas que contribuyan a despejar dudas y suspicacias, evitando cierto tufillo o más bien vómito oscurantista que recae sobre el particular y que aparece como fantasma de un viejo y embaucador embrujo de aquella “fábrica” de los años noventa.

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(1)   Marcus-Delgado, Jane (2001); “Lecciones del final del fujimorismo”.  Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Lima p.24.(2)  Mcsherry, J. Patrice (2009) “Los Estados depredadores: La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”. LOM ediciones, Santiago.